El futuro de la educaciónen disputa

La educación pública se defiende y se transforma con organización.

El inicio de clases nunca es un trámite más: es uno de esos momentos en los que se vuelve visible, con claridad, qué país estamos construyendo. Marzo abre las puertas de los centros educativos, pero también inaugura un tiempo de encuentro, organización y disputa por el sentido de la educación pública. Un tiempo que obliga, además, a mirar hacia adentro de las aulas, los patios y las instituciones, para reconocer que allí también se expresan desigualdades de género, y que es necesario construir respuestas en clave feminista.

Volver a clases en este contexto implica reconocer avances concretos que empiezan a materializar compromisos asumidos por el gobierno del Frente Amplio. Pero también implica entender que esos avances no son suficientes ni definitivos, y que solo pueden sostenerse y profundizarse con organización.

En los primeros tramos del sistema educativo, las políticas impulsadas en este último período vuelven a confirmar que el acceso y la permanencia no son cuestiones individuales, sino profundamente sociales y colectivas. La ampliación de las becas Butiá —que en 2025 alcanzaron a unos 14.700 estudiantes y proyectan llegar a 70.000 en el quinquenio—, junto con el aumento progresivo de sus montos (que hoy alcanzan hasta los $25.000 anuales en Educación Media Superior), constituye una herramienta concreta para sostener trayectorias educativas. A esto se suma el acompañamiento académico, incorporado como parte central de la política pública.

En la misma línea, el bono escolar “Vuelta a Clases”, de $2.500 por estudiante, llega a más de 170.000 niñas y niños, funcionando como respaldo en un momento crítico del año, cuando los costos de inicio pueden convertirse en una barrera de acceso. También se avanza en la expansión de la cobertura alimentaria en liceos y UTU, con el objetivo de duplicar la cantidad de estudiantes que acceden a comedor. Porque no hay aprendizaje posible sin condiciones materiales garantizadas.

Pero estas cifras no son solo números: son el resultado de años de organización y lucha, que han puesto en el centro la necesidad de políticas que contemplen la realidad concreta de quienes estudian. Y solo podrán sostenerse y profundizarse desde esa misma organización, en cada centro educativo.

La creación de una Universidad de la Educación pública, autónoma y cogobernada sigue siendo una de las principales deudas estructurales del sistema educativo uruguayo, y también una reivindicación histórica de sus gremios. Desde el Ministerio de Educación y Cultura se impulsa un proyecto de ley que busca otorgar carácter universitario a la formación docente, integrando plenamente las funciones de enseñanza, investigación y extensión.

Hoy, decenas de miles de estudiantes de formación docente no acceden a un título universitario pleno, lo que evidencia una desigualdad estructural dentro del propio sistema. En ese marco, la discusión no es solo institucional, sino profundamente política: la autonomía y el cogobierno —con participación de docentes, estudiantes y egresados— son condiciones necesarias para garantizar que las definiciones académicas no queden sujetas a los vaivenes del Poder Ejecutivo.

Avanzar hacia una Universidad de la Educación implica no solo jerarquizar la profesión docente, sino también consolidar una institucionalidad democrática que permita que quienes sostienen cotidianamente la educación sean protagonistas de sus transformaciones.

La Universidad de la República ha sido históricamente una herramienta de lucha del pueblo uruguayo, y este nuevo período vuelve a confirmarlo: nada de lo conquistado es casual ni otorgado, sino resultado de la organización. El aumento de 245 millones de pesos para becas de grado —priorizando las económicas y de alimentación— es fruto de una disputa concreta en la discusión presupuestal, y representa mucho más que un número: es la posibilidad real de que cientos de estudiantes ingresen, se sostengan y egresen.

A esto se suman mejoras salariales para docentes —con foco en los grados más sumergidos—, la creación de nuevos cargos y el fortalecimiento del Hospital de Clínicas, tanto en infraestructura como en equipamiento, junto con su integración al Sistema Nacional Integrado de Salud. Todo esto reafirma el papel de la universidad pública como actor central en la construcción de derechos.

La educación pública no es solo transmisión de contenidos: es también un espacio de cuidado, de encuentro y de construcción de igualdad. Y esas trayectorias no son iguales para todas y todos. Las jóvenes, quienes sostienen tareas de cuidado o enfrentan violencias y desigualdades estructurales, viven la educación en condiciones distintas.

Por eso, construir educación en clave feminista no es un agregado: es una condición para que el derecho sea realmente universal. La desigualdad también tiene rostro de mujer, y se expresa con claridad en la estructura de los hogares, especialmente en aquellos con jefatura femenina y responsabilidades de cuidado. La propia formación docente —uno de los espacios más feminizados del país, con entre un 70% y un 80% de mujeres— refleja estas desigualdades. No es casual que allí se concentren menores niveles de reconocimiento, jerarquización institucional y condiciones laborales más precarias en comparación con otros ámbitos universitarios.

Avanzar hacia una Universidad de la Educación también implica disputar ese lugar. Ahora bien, ninguna de estas políticas existe en el vacío. Todas han sido impulsadas, defendidas y ampliadas por la organización del movimiento estudiantil. Si hoy discutimos becas, alimentación o presupuesto, es porque hubo —y hay— estudiantes y trabajadoras organizadas que ponen estos temas sobre la mesa.

El inicio de clases es, en ese sentido, un momento clave para fortalecer esa organización: en las bienvenidas, en los centros de estudiantes, en las asambleas, en los espacios cotidianos donde se construyen diagnósticos comunes y se proyectan luchas colectivas. Porque nada de esto se sostiene por sí solo. Cada marzo vuelve a recordarnos que la educación pública se defiende y se transforma con organización. Y esa organización no es abstracta: se construye todos los días, en cada centro educativo, en cada colectivo, en cada espacio donde se piensan y enfrentan problemas concretos. Por eso, el inicio de clases también es un punto de partida. La convocatoria a un nuevo Congreso de la Educación aparece como una oportunidad estratégica para debatir y construir colectivamente los lineamientos de una educación concebida como un derecho humano fundamental. No partimos de cero. Uruguay tiene una rica tradición de debate educativo, con hitos como el Congreso Nacional de Educación Julio Castro de 2006, que reunió a miles de docentes, estudiantes y organizaciones sociales en un proceso de discusión amplio y democrático. Retomar ese camino hoy, luego de los retrocesos en participación que implicó la Ley de Urgente Consideración, es fundamental. El Congreso de la Educación convocado para este año no solo busca elaborar propuestas, sino también fortalecer la organización popular en torno a la educación.

Porque si algo define este inicio de clases, es que el futuro de la educación no está dado: está en disputa, y se construye colectivamente.