No hay justicia social posible en un planeta destruido

La crisis ambiental no afecta a todas las personas por igual. Frente a un modelo que prioriza la acumulación de ganancias sobre la vida, las juventudes tenemos el desafío de construir alternativas y organizar la solidaridad popular.

Las juventudes de todas partes del mundo estamos atravesadas, cada vez más, por la profundización de la crisis ambiental. Una crisis que no da tregua y que golpea con mayor fuerza a los sectores de la sociedad donde las desigualdades económicas y sociales son más profundas. Mientras intentamos construir nuestros proyectos de vida, vivimos bajo la advertencia permanente de la guerra, el colapso ambiental o, incluso, de ambas cosas al mismo tiempo. ¿Qué futuro podemos imaginar cuando las condiciones que hacen posible nuestra propia existencia están cada vez más amenazadas?

Para responder esta pregunta, no alcanza con hablar del cambio climático, de la contaminación o de la pérdida de biodiversidad como problemas aislados. Tenemos que preguntarnos por sus causas, por los intereses que sostienen el modelo actual y por las posibilidades de transformarlo. Esto implica comprender que la crisis ambiental que se desarrolla actualmente es una expresión de las contradicciones estructurales del capitalismo.

El capitalismo organiza la producción en función de la acumulación de capital y la búsqueda permanente de ganancias. En esa lógica, la naturaleza aparece como una fuente de recursos que deben explotarse y transformarse en mercancías, mientras que las consecuencias sociales y ambientales de esa explotación suelen quedar relegadas. La expansión de la producción y el consumo no se orienta necesariamente a satisfacer las necesidades de las mayorías, sino a garantizar la rentabilidad y la concentración de riquezas y poder en unos pocos.

Esta contradicción tiene consecuencias concretas: se degradan ecosistemas, se contaminan el agua y el aire, se destruyen hábitats y se profundiza el calentamiento global. La naturaleza tiene ciclos, límites y tiempos de regeneración que entran en tensión con una economía que necesita expandirse continuamente. No estamos, por tanto, ante una suma de accidentes ni ante un problema que pueda resolverse exclusivamente mediante cambios en los hábitos individuales. Estamos frente a una crisis vinculada con la forma en que organizamos la producción, distribuimos la riqueza y nos relacionamos con el ambiente.

El discurso individualista y meritocrático continúa siendo un pilar central de un sistema que nos busca aisladas y nos responsabiliza individualmente por problemáticas colectivas, por eso, tenemos que comprender que las respuestas individuales son insuficientes si no discutimos también las estructuras económicas y los intereses que reproducen la degradación ambiental. Por eso, como demuestra la historia de la humanidad, las grandes transformaciones no son obra de individuos aislados, sino de pueblos que se organizan y luchan por cambiar la realidad. Frente a un sistema que amenaza nuestro futuro, la organización es nuestra principal herramienta para construir una alternativa.

La crisis ambiental y la desigualdad social son dos dimensiones estrechamente relacionadas. No todas las personas tenemos la misma responsabilidad en su origen, ni contamos con los mismos recursos para enfrentar sus consecuencias.

La clase trabajadora suele acceder a viviendas más precarias, en territorios con infraestructura insuficiente y con menos posibilidades de recuperarse después de una catástrofe. La desigualdad determina, así, quiénes están más expuestos, quiénes pierden más y quiénes cuentan con mayores herramientas para reconstruir sus vidas.

El fracaso de este modelo no es solamente económico y social: también se expresa en términos ambientales, poniendo en cuestión las condiciones necesarias para la reproducción de la vida. Las sequías, las inundaciones, los fenómenos climáticos extremos, la inseguridad alimentaria y la pérdida de biodiversidad no afectan a todas las comunidades de la misma manera. Por eso, la justicia ambiental es también una cuestión de justicia social.

Uruguay no está al margen de esta realidad. Los eventos meteorológicos extremos, las inundaciones y las sequías afectan a nuestras comunidades, a la producción agropecuaria y a las condiciones de vida de miles de compatriotas. El fenómeno de El Niño, un patrón natural de variabilidad climática, puede modificar las precipitaciones en nuestra región. En un contexto de calentamiento global y de degradación de los ecosistemas, sus efectos pueden sumarse a otros factores y agravar determinados riesgos.

Ante los pronósticos de lluvias intensas y posibles inundaciones, es necesario prestar especial atención a los territorios más vulnerados, particularmente aquellos que carecen de saneamiento adecuado, infraestructura suficiente o viviendas en condiciones seguras. Los departamentos del norte del país se encuentran entre las zonas que pueden enfrentar impactos importantes, sin que eso excluya riesgos para otras localidades.

Detrás de cada inundación hay familias que deben abandonar sus hogares; personas que pierden sus pertenencias y sus medios de vida; niñas, niños y adolescentes que ven alterada su cotidianeidad; trabajadoras y trabajadores que deben reconstruir lo que tenían, muchas veces sin contar con los recursos necesarios. Hay también una carga de incertidumbre y angustia que recae con especial fuerza sobre quienes ya viven en condiciones de desigualdad.

Estas situaciones no pueden atribuirse mecánicamente a un único fenómeno climático. Pero sí debemos reconocer que la crisis climática está vinculada con un modelo de desarrollo que ha degradado los ecosistemas y que la vulnerabilidad frente a sus impactos depende, en gran medida, de las condiciones sociales, económicas y territoriales. La planificación urbana, el acceso a servicios básicos, la protección de los humedales y la capacidad de respuesta del Estado son

determinantes para reducir los daños.

Ante esta realidad, no podemos ser indiferentes. Tenemos una larga historia de solidaridad, de organización colectiva y de respuesta frente a las catástrofes. Pero la solidaridad no puede depender únicamente de la buena voluntad ni limitarse a actuar cuando el desastre ya ocurrió. Necesitamos fortalecer las redes territoriales y la capacidad de organización colectiva. También necesitamos políticas públicas que reduzcan las desigualdades, garanticen condiciones de vida dignas y preparen a nuestras comunidades para enfrentar los eventos extremos.

Los organismos públicos, entre ellos el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) y los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (CECOED), cumplen un papel fundamental en el monitoreo, la coordinación y la respuesta. La participación de las organizaciones sociales debe complementar ese trabajo, acercando capacidades y recursos a las necesidades concretas de cada territorio.

Para ello, es importante coordinar las acciones con los equipos responsables y orientar la ayuda según la información disponible.

Desde los gremios estudiantiles, los sindicatos, las cooperativas, los comités de base y las organizaciones juveniles, podemos impulsar campañas de recolección de productos de limpieza, alimentos para las ollas populares, frazadas, colchones y otros insumos básicos. También podemos promover brigadas de limpieza y reconstrucción, identificar necesidades y construir redes de apoyo con las comunidades afectadas. La clave es organizar una solidaridad sostenida y vinculada con las necesidades reales de la población.

Como juventudes que aspiramos a una sociedad más justa e igualitaria, tenemos el desafío de incorporar la cuestión ambiental a nuestras luchas. No podemos separar la defensa del ambiente de la lucha por el trabajo digno, la vivienda, la salud, la educación y el acceso a los servicios básicos. Tampoco podemos aceptar que los costos de una crisis generada por un modelo desigual recaigan, una vez más, sobre quienes menos tienen.

La crisis ambiental expresa contradicciones profundas de nuestra sociedad, pero no determina por sí sola el futuro. Las respuestas dependerán de nuestra capacidad para organizarnos, disputar las decisiones políticas y económicas y construir alternativas colectivas. Eso exige discutir qué producimos, para quién lo hacemos, cómo distribuimos la riqueza y qué lugar ocupa la naturaleza en el desarrollo de nuestras sociedades.

Frente a un sistema que convierte cada vez más aspectos de la vida en mercancías, defender el ambiente es también defender las condiciones materiales que hacen posible una vida digna. Y frente a la incertidumbre que atraviesa a nuestra generación, construir futuro significa actuar en el presente.

Frente a la desigualdad y la crisis ambiental, la salida también es colectiva: organizar la solidaridad, defender la vida y transformar las condiciones que ponen en riesgo nuestro futuro: porque estamos convencidas que OTRO FUTURO ES POSIBLE.

(*) Responsable Nacional de Programa UJC